España se libra del 25 % de sus peajes, pero Galicia tendrá que esperar décadas

España se libera hoy de peajes en el 25 % de sus kilómetros de autopista de pago. Pero el vencimiento de la explotación en manos privadas se concentra solo en cuatro viales de Cataluña y uno de ellos compartido con Aragón. Ninguno de esos 569 kilómetros que esta madrugada han pasado a ser gratuitos está en Galicia, como tampoco ocurrió el año pasado cuando se eliminó el peaje a otro tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante (446 kilómetros), o a la AP-4 Sevilla-Cádiz (otros 93 kilómetros), o dos años antes en la AP-1 de Burgos a Armiñón (84 kilómetros más).

Y no solo no se atisba el fin de los peajes en Galicia, sino que sus cuatro autopistas la convierten desde hoy en la comunidad de toda España en la que más kilómetros están sometidos al pago por su uso, 331 en total, o lo que es lo mismo, el 18,5 % de las carreteras tarificadas del país.

Los 245 kilómetros de la AP-7 que desde esta madrugada son gratuitos entre el paso fronterizo de La Junquera y Salou (costaban 29 euros) estuvieron sometidos a peajes durante 55 años, tras haberse prorrogado tres veces su concesión con 17 años a mayores respecto al contrato inicial. La AP-2, que perdió también hace unas horas los peajes en sus 215 kilómetros entre Zaragoza y las afueras de Barcelona, fue otorgada en régimen de concesión en 1973, el mismo año que la gallega AP-9, pero ha revertido al Estado su gestión tras 48 años, tras prolongarse su recuperación 23 años más de lo previsto. La autopista Ferrol-Tui, con solo cuatro kilómetros de longitud más, estaba programada para 39 años con peajes, su concesión acaba de cumplir 48 y aún le faltan otros 27. Será gratuita en el 2048, el mismo año que la AP-7 entre Alicante y Cartagena, cuya explotación comenzó 25 años después que la gallega.

La concesión de la autopista Ferrol-Tui fue prolongada en tres ocasiones, por UCD, PSOE y PP, igual número de moratorias que a la mayoría de las concesiones más veteranas del país. Pero a ninguna otra de España le fueron concedidos tantos años de gracia como los 36 otorgados sobre el contrato inicial. El caso que más se acerca es el de la AP-66 (León-Campomanes), donde otra empresa del mismo grupo de Audasa sumó 29 años más a su concesión para llegar a 75, como en la AP-9.

Autonómicas catalanas

Al mismo tiempo que venció esta madrugada el contrato de la AP-7 en Cataluña y la AP-2, la Generalitat se hizo cargo de la gestión de las autopistas autonómicas C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), 92 kilómetros más sin coste para sus usuarios. Las dos fueron traspasadas por el Estado y estuvieron sometidas a peajes 54 años, tras aumentarle en ambas los contratos 17 más.

Con las cuatro autopistas liberadas a Cataluña solo le quedan con peaje tres túneles y dos viales autonómicos, 135 kilómetros en total, como a Aragón otros 38, pese a ser comunidades de tránsito de miles de vehículos en viajes con procedencia o destino a otros países europeos.

La ministra propondrá una tarifa a cobrar en las autovías

La liberación de peajes ha engordado en mil kilómetros la cartera de carreteras cuya conservación y mantenimiento ha pasado a depender en exclusiva del Ministerio de Transportes. Desde la etapa de José Borrell (1991-93) los técnicos del entonces departamento de Obras Públicas advierten a los sucesivos responsables políticos del departamento que va a ser necesario cobrar en todas las carreteras de alta capacidad para poder sostenerlas. El anterior ministro, José Luis Ábalos, cogió el guante y anunció que abriría un debate público al respecto, advirtiendo que los usuarios del tren y del avión ya pagan cánones por su uso.

Y su sucesora, la ministra Raquel Sánchez, acaba de ir un poco más allá anunciando que el Gobierno articulará una propuesta para tarificar la red viaria. Dicha posibilidad ya fue comunicada el pasado abril por el Ejecutivo a la Unión Europea como una de las medidas a poner en marcha en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contra los efectos económicos y sociales generados por la pandemia.

En un artículo publicado por la prensa catalana, la ministra advierte que no será gratis para los españoles que las arcas públicas pasen a mantener las autopistas liberadas, que no se haya prorrogado ninguna concesión o que se vayan a destinar 2.300 millones a rebajar las tarifas de la AP-9. Partidaria del «quien contamina paga», Sánchez Jiménez anuncia que propondrá a partidos y agentes sociales un modelo de tarificación para las autovías, que, apunta, resultaría equilibrado para todos los territorios. Tendría que tener en cuenta por tanto la situación periférica de comunidades como Galicia.

«Si la AP-9 hubiera estado en manos de la Xunta no tendría ni la vuelta gratis ni rebajas»

El inicio del curso político deberá reactivar en el Congreso el debate sobre la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, aún sin arrancar en la Comisión de Transportes de la Cámara pese a recibir el visto bueno de las Cortes en febrero.

El Ministerio de Transportes anuncia su predisposición a hablar sobre dicho traspaso «sin apriorismos», pero el secretario general de Infraestructuras del Gobierno, el gallego Sergio Vázquez, estima que «es más confortable para el usuario que el titular sea la administración que tenga potencia financiera para pagar las bonificaciones que se han puesto en marcha este verano», dice.

Entiende el alto cargo del ministerio que todos los partidos deben de afrontar este debate respondiendo al interés público y admitiendo que «si la AP-9 hubiera estado en manos de la Xunta no tendría ni la vuelta gratis ni las bonificaciones y rebajas que sus usuarios tendrán hasta el final de la concesión en el 2048», Vázquez Torrón cree que el debate de la transferencia se suscitó antes de que se pusiesen en marcha los citados descuentos, considerando que se generaría una situación extraña si el que decida a partir de ahora en la autopista no es quien va a costear los 2.300 millones de las bonificaciones y el Gobierno se queda además sin posibilidad de control.

Ethel Vázquez rechaza peajes en las carreteras por la situación periférica de Galicia

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, se manifestó ayer en contra de la implantación de peajes en las autovías al considerar que «profundizaría en la situación periférica de Galicia». Para la dirigente autonómica, el anuncio de la ministra y la reapertura del debate sobre la tarificación en las carreteras de alta capacidad se trata de un nuevo «globo sonda», porque «no hay una propuesta concreta ni tampoco se abrió un canal de diálogo con las diferentes fuerzas políticas ni con las diferentes comunidades autónomas».

«Parece que lo único que tiene claro el Gobierno socialista es que los ciudadanos tienen que pagar», concluyó la conselleira, que ve un agravio que se levanten peajes en Cataluña y sigan en Galicia.

Fuente: La Voz De Galicia